Recientemente, el Consejero de Desarrollo Sostenible y Lucha Contra el Cambio Climático del Cabildo Insular de Tenerife, presentó la propuesta que estudia conjuntamente con la Red Eléctrica de España para construir una gran central hidroeléctrica en el Valle de Güimar, capaz de generar un tercio de toda la energía que consume actualmente la isla de Tenerife. No obstante, considero que deben aclararse algunos aspectos que, desde mi punto de vista, harían casi inviable económicamente una obra muy compleja técnica y constructivamente. La cuestión es ¿cómo contener el agua almacenada en unos hoyos excavados sin control, con altísimas paredes de terreno suelto inestable que continuamente se desploman por simple gravedad?. Si el proyecto del Cabildo y REE contempla construir muros de hormigón armado para contener las tierras y el propio agua que se pretende almacenar, podemos estar hablando de una inversión necesaria de cientos de millones de euros, lo que posiblemente obligue a desechar la idea. Si por el contrario, el consejero insular se refiere al proyecto elaborado por Balten en 2012 y respaldado por la anterior alcaldesa y por el Consejero de Transición Ecológica y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena el pasado noviembre, entonces pienso que no van bien encaminados.
Proyecto de Balten de 2012, con depósitos de agua que exigen grandes rellenos, canalizaciones enterradas que atraviesan los barrancos y afectan a más suelo del que pretenden restaurar, nuevos varios, más excavaciones en el entorno de los hoyos, etc.
Dicho proyecto, además de actuar en tan solo dos canteras, plantea grandes depósitos de agua, con un diseño tradicional de gran impacto visual, que no resuelve el impacto paisajistico de los hoyos abandonados e incrementa los daños por construcción de canalizaciones soterradas, adaptación del terreno ampliando el daño al suelo del entorno, grandes rellenos necesarios, etc. Sin conocer en detalle el proyecto, tan sólo por las imágenes publicadas en prensa, se deduce que serán necesario extraer un enorme volumen de material en otros puntos de la geografía insular, lo que incrementa aún más los daños medioambientales.
En este sentido, recordemos que el volumen de tierra necesario para devolver a su estado previo los terrenos afectados por las canteras ilegales, según obliga la sentencia de los tribunales, supera los 22 millones de metros cúbicos, que equivale a construir en toda la superficie del Parque García Sanaría un edificio de 120 plantas, lo que resulta un objetivo totalmente inviable de ejecutar. Además, resulta difícil de explicar que la presa de los Campitos continúe sin impermeabilizar, lo que permitiría lograr objetivos similares que los proyectados en Güimar, con costes mucho más reducidos ya que la presa se encuentra ejecutada desde hace muchos años.
En Güimar, la sentencia judicial obliga a restaurar el terreno afectado y a devolverle el aspecto y uso que tenía antes de su degradación por la extracción de áridos. Sin embargo, el proyecto que defiende el consejero insular y el consejero regional, nada tiene que ver con esa obligada restauración, aunque estoy convencido de que, con imaginación, se pueden encontrar soluciones que realmente logren restituir el suelo y el paisaje agrícola dañado.
Joaquín Galera Gaspar, arquitecto y urbanista
30 enero 2020