En una reciente entrevista a la economista L. Tubiana, afirmaba que “los informes de la comunidad científica apuntan a que los escenarios más pesimistas están ocurriendo. La evolución es mucho más preocupante de lo que se pensaba cinco años atrás”, refiriéndose a la evolución del deterioro climático por las emisiones de CO2, y alertando de la urgente necesidad de tomar medidas más drásticas y comprometidas por parte de los principales países emisores.
Sin embargo, las medidas a adoptar por los diferentes países firmantes del Acuerdo de París, contienen una irresponsable trampa mortal, lo que se denomina la “neutralidad de carbono”, que pretende establecer un equilibrio entre las emisiones de CO2 y la capacidad de absorción de los “sumideros” de carbono.
Por tanto, las directrices emanadas de los órganos institucionales firmantes del acuerdo de lucha contra el cambio climático, sólo tiene como finalidad convertir el CO2 en un boyante negocio y hacer creer al mundo de que se están haciendo cosas para, en realidad, mantener las cosas como están, garantizando al mismo tiempo el control futuro de la energía en manos privadas, sean estas renovables o no; como afirma la Sra. Tibiana. “los Gobiernos protegen de una manera irracional a sectores económicos que no quieren cambiar”.
En este contexto, el borrador de la Ley Canaria de Cambio Climático constituye un claro ejemplo del modelo diseñado por los lobbies de la energía para mantener el control de su producción y venta. En ella se recogen los mecanismos para el registro de las emisiones de CO2, que no sólo no se prohiben sino que, muy al contrario, se estimulan desde la propia Ley. Es por ello que se están concediendo licencias para nuevas industrias e instalaciones, como el traslado de la Refinería a Granadilla o la Regasificadora, que emplean y producen combustibles fósiles, y que sin duda serán con la nueva Ley, las auténticas energías de los próximos 50 años en Canarias.
Por su parte, las empresas dedicadas al negocio de la energía, inician su propia campaña de marketing para intentar convencer a la sociedad de lo beneficioso de producir CO2, o de la suerte de encontrar nuevos yacimientos de petróleo o gas, lo que demuestra que de ninguna manera se vislumbra alguna voluntad o escenario de “descarbonización”, como afirma reiteradamente el borrador de la Ley Canaria.
