La principal idea que subyace en las políticas emprendidas por las instituciones europeas para luchar contra el calentamiento del planeta, es el denominado balance neutro de carbono, que no es otra cosa que el intentar ajustar las emisiones humanas de CO2 a la atmósfera, a la capacidad de absorción de ese gas por parte de los ecosistemas terrestres y oceánicos del planeta.
Por cuanto que esa capacidad de la naturaleza para absorber dióxido de carbono se ha estimado en aproximadamente un 50% de las emisiones anuales (en Canarias un 12%) generadas por la actividad humana en todo el planeta, se plantea como principal objetivo, reducir o sustituir el otro 50% por fuentes renovables en los próximos años, supuestamente en el 2050. Por tanto, no existe intención alguna de descarbonización total y menos aún de implantación de renovables 100%.
Por el contrario, la intención real de las instituciones, decisivamente influenciadas por las grandes multinacionales de la energía, es la de convertir el CO2 en fuente de riqueza y empleo, ya sea a través de su generación o mediante su consumo. Las empresas e industrias podrán seguir emitiendo CO2, pero deberán compensar esa contribución al calentamiento global mediante algunas fórmulas que les facilitará el Ministerio de Transición Energética y que aún desconocemos. Hasta la fecha, solo se han presentado propuestas de sumideros mediante las plantaciones de bosques y tecnología de captación, aún en fase de desarrollo.
Sin embargo, ese modelo de nuevos y beneficiosos negocios a costa de la supuesta neutralidad de carbono, se viene abajo en cuanto se conocen los datos científicos reales. Por una parte, las emisiones de CO2 no han dejado de crecer aún con la firma del Acuerdo de París (en 2018 aumentó un 147%) y por otra, la constatación de que los sumideros naturales se convierten en emisores de CO2, a partir de un límite que estamos a punto de sobrepasar.
Al mismo tiempo, la plantación de bosques (de «filas con formación militar», como los definía el gran Feliz Rodríguez de la Fuente) para compensar las emisiones de automóviles e industrias contaminantes, se ve rápidamente anulada por las olas de calor, la creciente deforestación y explotación comercial de la madera, la desertificación del suelo y los cada vez mayores y más frecuentes incendios forestales en todo el mundo.
Solo queda la tecnología aplicada a la captación de CO2, para ser reutilizado posteriormente en múltiples aplicaciones. Es por ello que muchas empresas de energía realizan campañas para que la sociedad tome “conciencia” de las grandes ventajas de continuar generando el pernicioso CO2 mediante el uso de combustibles fósiles. Lógicamente, si se avecinan grandes inversiones en sistemas de captación de CO2 (en gran parte financiado por todos) se necesitarán varios años para amortizar y lograr beneficios económicos, lo que obligará a mantener la producción de dióxido de carbono indefinidamente en el tiempo.
Otra manera de reducir las emisiones de CO2 es promoviendo las instalaciones renovables, fundamentalmente fotovoltáicas y eólicas. Sin embargo, esa vía por la que han apostado instituciones y empresas, y que utilizan para presentarse ante la sociedad como los “nuevos ecologistas salvadores de mundo” adolece de graves inconvenientes, como pueden ser el empleo de un modelo de producción centralizada de la energía; la gran ocupación de suelo rústico; la degradación de paisajes, el ataque a los ecosistemas y la biodiversidad; el mantenimiento de la producción, almacenamiento y distribución en manos privadas; el encarecimiento por escasez de metales raros; el mantenimiento de la dependencia energética, etc. En cualquier caso, queda aún por resolver el mejor sistema de almacenamiento de la energía generada, así como el control y la gestión pública de la misma.
En este contexto y en el ámbito de la isla de Tenerife, se puede llegar a entender que con una Declaración de Emergencia Climática aprobada por el Parlamento de Canarias y con una Ley de Cambio Climático en tramitación, las autoridades que nos venden su “preocupación” por el calentamiento del planeta, al mismo tiempo estén autorizando y concediendo licencias a grandes empresas consumidoras o generadoras de combustibles fósiles, más allá del límite del año 2050.
En noviembre de 2020, la Autoridad Portuaria de la provincia autorizó trasladar la Refinería de Petróleos a Granadilla (en una primera fase, almacenamiento, suministro y distribución de carburantes para barcos y aviones) y anunció igualmente la redacción del proyecto de regasificadora flotante frente en la costa del polígono industrial, entre otras industrias previstas del mismo carácter fósil.
Mientras las instituciones no logren desmarcarse de los intereses privados de las multinacionales, y entiendan la energía como un bien común y un derecho básico de los ciudadanos, nuestro pequeño territorio archipielágico no podrá encontrar los auténticos remedios y soluciones para un futuro realmente sostenible en materia energética.
